España es fuerte
si estamos
unidos.

Respaldo a la Policía y la Guardia Civil, sin tolerar abusos

Se impulsarán reformas para reforzar la autoridad, los medios y la protección jurídica de la Policía, la Guardia Civil y las demás fuerzas de seguridad. Quienes protegen a la ciudadanía deben poder actuar con firmeza frente a la delincuencia.

Ante una amenaza directa con un arma que genere un peligro real e inmediato, los agentes podrán intervenir sin esperar a que se produzca una lesión. Emplearán la fuerza necesaria y proporcionada a la amenaza, valorando las circunstancias de la intervención.

El uso de la defensa policial o porra deberá estar justificado por la necesidad de la intervención. Las armas de fuego podrán emplearse ante amenazas graves e inminentes contra la vida o la integridad física cuando los medios menos lesivos resulten insuficientes o no permitan evitar el daño a tiempo.

Un agente no tendrá que esperar a recibir una puñalada o un disparo para protegerse o proteger a otra persona. Si alguien amenaza con un cuchillo y las circunstancias muestran un peligro grave e inminente, podrá emplear su arma de fuego cuando sea necesario para detener esa amenaza. Si alguien amenaza con una pistola en condiciones de utilizarla de forma inmediata, podrá responder sin esperar a que dispare primero.

La actuación se valorará según los hechos y la información razonablemente disponible para el agente en ese momento. La mera presencia de un arma o una sensación de temor, sin circunstancias que justifiquen un peligro grave e inminente, no supondrá autorización automática para disparar.

Se garantizará asistencia jurídica y respaldo institucional a los agentes que actúen correctamente. No serán sancionados por el mero hecho de haber empleado fuerza justificada, sin excluir la investigación y revisión de su actuación.

Se reforzarán la formación práctica y la evaluación de aptitud psicológica para el uso de la fuerza. Si se acredita abuso de poder, se impondrán sanciones acordes con su gravedad y se exigirán responsabilidades penales cuando corresponda.

Respeto a la Policía y a la Guardia Civil, cumplimiento de sus órdenes legítimas y protección de quienes velan por la seguridad de todos.

Delinquir tendrá consecuencias mucho más duras

Si llegamos al Gobierno, impulsaremos un endurecimiento muy considerable de las penas. Quien cometa delitos debe saber que se enfrentará a castigos severos y a su cumplimiento efectivo.

Pertenecer a una banda criminal tendrá penas severas. El asesinato, la violación y los abusos y la explotación sexual de menores estarán entre las prioridades de la reforma penal.

La reforma establecerá el cumplimiento íntegro de las penas para quienes sean condenados por asesinato, violación, abusos y explotación sexual de menores, terrorismo o pertenencia a bandas criminales. No habrá reducciones de pena en ninguno de estos casos.

Volver a delinquir tendrá consecuencias más duras. Impulsaremos penas de prisión más largas para la reincidencia y reforzaremos la protección de las víctimas.

El mensaje es claro: delinquir no puede salir a cuenta. Nuestra prioridad será la seguridad de los ciudadanos y que los responsables respondan ante la justicia.

Compromiso de reforma del Código Penal, con aplicación mediante sentencia judicial y respeto a las garantías legales.

Reforma de la edad penal y agravantes por bandas y drogas

Se impulsará una reforma para aplicar el régimen penal de adultos desde los 16 años y establecer responsabilidad penal desde los 12 años en los casos de asesinato o violación.

En los casos de menores de 16 años, se examinarán las circunstancias, la participación en los hechos y la capacidad de comprender sus actos. La reforma establecerá las penas o medidas correspondientes a estos delitos, con valoración individual y garantías específicas por edad.

A partir de los 16 años, se planteará como agravante la pertenencia acreditada a una banda criminal cuando se cometa un delito. La reforma concretará su relación con los delitos de organización criminal para evitar castigar dos veces el mismo fundamento.

Se impulsará una modificación del Código Penal para que cometer un delito bajo los efectos de drogas consumidas voluntariamente pueda agravar la responsabilidad en los supuestos que se definan, en lugar de reducirla por ese solo motivo. Se distinguirán el consumo voluntario, la intoxicación involuntaria y las alteraciones clínicas que requieran valoración pericial.

Alegar que se estaba drogado no bastará para eludir la responsabilidad por un delito.

Responsabilidad de los padres en la educación y supervisión de sus hijos

Los padres y tutores deben educar a sus hijos en el respeto a los demás y asumir sus deberes de cuidado y supervisión. Se impulsará una reforma para reforzar su responsabilidad por los daños derivados de delitos cometidos por menores de 16 años a su cargo.

Se exigirá la reparación e indemnización de los daños en los supuestos que establezca la ley. Si se acredita negligencia grave, participación en los hechos o encubrimiento sancionable, los responsables adultos responderán por su propia conducta, con sanciones acordes con su gravedad.

Se examinará quién ejercía efectivamente la guarda y qué medidas de prevención y supervisión adoptó. Ser padre o madre no supondrá por sí solo asumir automáticamente la culpabilidad penal del hijo.

Esta responsabilidad no sustituirá la que corresponda al propio menor, incluida la prevista en la reforma para asesinatos o violaciones desde los 12 años.

Prisión por hurtos y penas más duras para los reincidentes

Se impulsará una reforma para que los hurtos de carteras y otras sustracciones de pequeña cuantía se castiguen con prisión. Reincidir supondrá penas cada vez más duras.

La reforma planteará que, a partir de la tercera condena firme por hurto o robo de pequeña cuantía, se valore judicialmente la imposición de prisión permanente revisable. No se plantea su aplicación automática. Las posibles expulsiones se recogen en el bloque de inmigración.

Objetivo de reforma sujeto a evaluación de constitucionalidad, proporcionalidad y obligaciones internacionales. La prisión permanente revisable por hurtos y la retirada general de prestaciones aquí planteadas no se presentan como consecuencias automáticas de la legislación vigente.

Entrada legal y autorización para trabajar

Se impulsará una vía de autorización de residencia y trabajo para las personas extranjeras que entren legalmente en España y quieran desarrollar una actividad laboral, previa comprobación de los requisitos que establezca la reforma.

Esta autorización tendrá finalidad laboral y permitirá residir y trabajar en las condiciones autorizadas. No concederá la nacionalidad española ni sustituirá los requisitos necesarios para solicitarla.

Compromiso de reforma. Se concretarán la acreditación de la actividad laboral, las renovaciones y las situaciones de pérdida de empleo, así como los regímenes especiales aplicables. La entrada legal por sí sola no se presenta como autorización para trabajar.

Residencia, cotización y examen para obtener la nacionalidad

Se impulsará una reforma de la nacionalidad por residencia para exigir más de 15 años de residencia legal en España, al menos 13 años cotizados y la superación de un examen de lengua y conocimientos cívicos y constitucionales, con criterios objetivos y públicos.

La reforma establecerá una vía de autorización de residencia para los hijos de extranjeros incluidos en esta medida. La residencia no les concederá automáticamente la nacionalidad: para solicitarla por esta vía deberán alcanzar la edad legal para trabajar, acumular al menos 13 años de cotización, cumplir el periodo de residencia y superar el examen.

Se examinarán las condenas firmes durante todo el periodo de residencia, incluidas las dictadas bajo el régimen de responsabilidad penal de menores. La reforma determinará qué antecedentes impedirán obtener la nacionalidad según la gravedad del delito, la reincidencia y el tiempo transcurrido. Una denuncia o investigación por sí sola no equivaldrá a un antecedente penal.

El objetivo será vincular el acceso a la nacionalidad por residencia a una trayectoria de integración, trabajo y cumplimiento de la ley. Tener un hijo en España no sustituirá los requisitos exigidos al progenitor.

Propuesta de reforma, no descripción de la normativa vigente. Quedan pendientes el tratamiento de antecedentes cancelados, las garantías propias de la justicia de menores y el encaje con la nacionalidad española de origen, otras vías de adquisición y la prevención de la apatridia. Los hechos anteriores a los 14 años no se tratarán como condenas penales bajo la legislación actual. No se plantea retirar la nacionalidad que ya posean.

Inmigración y seguridad

Para decidir quién puede residir en España, se tendrán en cuenta los años que lleva aquí, si trabaja y sus vínculos familiares.

Si una persona extranjera es condenada por un delito, se estudiará su expulsión cuando la ley lo permita. Se valorará la gravedad, si ha cometido varios delitos y cuánto tiempo ha pasado. Cada caso se revisará por separado.

Las mismas normas se aplicarán a todos, independientemente de su religión.

Propuesta del programa político.

Revisión de nacionalizaciones y prevención de la reincidencia

Se revisarán los expedientes de nacionalidad cuando existan indicios de fraude o de ocultación de antecedentes relevantes para su concesión. Si una sentencia firme determina que la nacionalidad se obtuvo fraudulentamente, se anulará su adquisición y se estudiará individualmente si procede la expulsión conforme a la ley.

Tras la revisión, se notificará a la persona afectada el resultado, las medidas que legalmente correspondan y los recursos disponibles.

Cuando no proceda la expulsión, se aplicarán las medidas de control y protección de las víctimas que permita la ley y acuerden las autoridades competentes para prevenir nuevos delitos. La notificación informará de las consecuencias penales de volver a delinquir.

Compromiso del programa político.

Libertad y seguridad para las mujeres

Ninguna mujer debe ser obligada a cubrirse ni a seguir normas religiosas. Cada mujer debe poder decidir cómo vestir y vivir sin miedo.

Proponemos proteger a quienes sufran amenazas, violencia o coacciones y perseguir esas conductas, sea cual sea la religión de quien las cometa.

Propuesta del programa político.

Protección firme frente a la violencia de género

Las mujeres que sufran agresiones, amenazas, humillaciones o coacciones por parte de su pareja recibirán una protección firme y efectiva. Impulsaremos penas mucho más duras para los maltratadores.

Cada caso se investigará a fondo. Se examinarán las pruebas y se recabarán testimonios de personas del entorno que puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos, sin retrasar las medidas urgentes de protección.

Todo el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción y confidencialidad, protegiendo la seguridad y la intimidad de la mujer y evitando su exposición pública. Se utilizarán todos los medios legales al alcance del Estado, incluidos los recursos policiales, judiciales, sanitarios, psicológicos y sociales, para esclarecer si existe maltrato y ofrecer la protección necesaria.

Si se demuestra que una mujer ha presentado deliberadamente una denuncia falsa contra un hombre, se exigirá su responsabilidad y se aplicará todo el peso de la ley. Una denuncia que no pueda demostrarse no se considerará, por ese solo motivo, una denuncia falsa.

No se castigará a una mujer simplemente por contar su historia. Si su relato no ha tenido repercusiones para el hombre y no se acredita una conducta delictiva, no se impondrá una sanción. Las actuaciones quedarán documentadas para las consultas que legalmente procedan, con los límites de conservación y acceso aplicables; no se convertirán por sí solas en antecedentes penales para ninguna de las partes.

Compromiso de protección de las víctimas, investigación rigurosa y reforma penal.

Detección temprana de captación de menores por bandas y organizaciones terroristas

Se establecerán protocolos para investigar indicios de captación, amenazas o participación en bandas criminales y organizaciones terroristas, así como procesos de radicalización violenta, incluidos los de carácter yihadista. Se valorarán conjuntamente hechos concretos, mensajes, símbolos y testimonios.

Cuando existan indicios fundados, los servicios competentes podrán solicitar información a los responsables del menor y abrir un expediente de protección o investigación. Se documentarán los hechos comprobados y las contradicciones relevantes, distinguiéndolos de las sospechas.

La vestimenta, el peinado o la práctica de una religión por sí solos no justificarán un expediente. La actuación se centrará en indicios fundados de captación delictiva o radicalización violenta. La información tendrá acceso restringido y plazos de conservación definidos.

Compromiso de prevención y protección de menores, con protocolos sujetos a revisión jurídica.

Préstamo estatal para la primera vivienda de menores de 30 años

Se creará un préstamo estatal de hasta 250.000 euros, con un interés del 1 %, para jóvenes menores de 30 años que compren su primera vivienda y la destinen a residencia habitual.

El importe solicitado no podrá superar el precio de compra de la vivienda más el coste acreditado de los muebles, con un límite conjunto de 250.000 euros. No se concederá automáticamente el máximo: solo se financiará el importe justificado mediante la documentación de compra y los presupuestos o facturas del mobiliario.

El dinero deberá destinarse exclusivamente a la vivienda habitual y a su mobiliario.

Se impulsará una reforma para que, después de doce meses consecutivos sin pagar las cuotas del préstamo al Estado, se descuente directamente de la nómina el 30 % del salario mensual para devolver la deuda.

Si la persona no tiene nómina en ese momento, la retención comenzará cuando disponga de ella. El importe descontado se calculará cada mes en proporción al salario y se destinará al pago de la deuda. La retención se mantendrá mientras exista nómina y saldo pendiente, y finalizará cuando la deuda quede completamente pagada. El último descuento nunca superará la cantidad que falte por devolver.

Límites a la propiedad de viviendas y al alquiler vacacional

Se impulsará una reforma para establecer un máximo de cinco viviendas por persona de nacionalidad española en todo el territorio nacional. Para personas extranjeras y fondos de inversión, el límite propuesto será de una vivienda en España.

El beneficio neto anual procedente de alquileres vacacionales de viviendas situadas en España se limitará a 10.000 euros por titular extranjero. La reforma definirá los gastos deducibles, el tratamiento de los impuestos y el mecanismo para impedir que se supere ese límite.

La ocultación de ingresos y los cobros no declarados se sancionarán con multas muy elevadas y crecientes en caso de reincidencia. Se establecerá una escala de tres niveles: primera, segunda y tercera sanción firme. Las infracciones posteriores no quedarán exentas de sanción.

Al alcanzar la tercera sanción firme por estas conductas, se impulsará una modificación legal que permita plantear la expulsión de la persona extranjera responsable, con evaluación individual y las garantías aplicables. Una infracción tributaria no se calificará automáticamente como delito fiscal.

Objetivo de reforma sujeto a evaluación constitucional y del Derecho de la Unión Europea, incluidas la libre circulación de capitales y las garantías de los ciudadanos comunitarios. Se deberán concretar las viviendas ya adquiridas, herencias, copropiedad, titularidad indirecta y sociedades vinculadas a fondos. La expulsión tras tres sanciones no se presenta como una consecuencia prevista actualmente ni jurídicamente garantizada.

Recuperación inmediata de viviendas ocupadas ilegalmente

Se impulsará una reforma legal para que el propietario recupere de inmediato su vivienda cuando se acredite su propiedad y se compruebe que los ocupantes no tienen autorización ni un título válido para estar en ella.

El propietario presentará la documentación que acredite que la vivienda está a su nombre. Se establecerá un procedimiento urgente de comprobación y desalojo por las autoridades competentes, con la intervención judicial que corresponda. La medida se aplicará con independencia de quiénes sean los ocupantes o de cuántos sean.

Los ocupantes responsables deberán pagar la totalidad de los desperfectos que hayan causado. El estado de la vivienda se documentará en el momento de su recuperación para acreditar los daños y exigir su reparación.

Compromiso de reforma legal para la recuperación de viviendas ocupadas sin derecho a permanecer en ellas.

Revisión de la vivienda pública y lucha contra el fraude

Se revisarán todas las adjudicaciones de vivienda pública para comprobar cómo se concedieron, qué criterios se aplicaron y si sus beneficiarios cumplían los requisitos. También se verificará que se mantienen las condiciones que deban seguir cumpliéndose.

Se investigarán las adjudicaciones irregulares, la documentación falsa y los posibles tratos de favor. Cuando se acredite fraude o incumplimiento que justifique retirar la vivienda, se iniciará el procedimiento correspondiente para recuperarla y exigir responsabilidades a quienes hayan intervenido.

La vivienda pública debe llegar a quienes cumplen los requisitos y la necesitan. Nadie debe obtenerla mediante engaños ni aprovecharse de los recursos de todos.

Compromiso de revisión y reforma, con criterios objetivos y procedimientos ajustados a la normativa y las competencias de cada administración.

Ayudas para quienes han cotizado y las necesitan

Todos somos iguales ante la ley. Nadie recibirá ayudas automáticamente ni por el mero hecho de pertenecer a una determinada raza o etnia. Su concesión dependerá de requisitos objetivos, públicos e iguales para todos.

Se impulsará una reforma de las ayudas económicas públicas para exigir más de diez años de cotización en España y una necesidad económica acreditada. Las ayudas tendrán una duración limitada, que se concretará en la reforma.

El objetivo será destinar estos recursos a personas trabajadoras que hayan contribuido al sistema y necesiten apoyo. Bajo este criterio, no accederán a las ayudas incluidas en la reforma quienes nunca hayan cotizado o no alcancen el periodo exigido.

Objetivo de reforma pendiente de concretar las prestaciones afectadas, su duración y su encaje en los derechos y obligaciones legales aplicables. No describe los requisitos actualmente vigentes.

Ayudas por nacimiento y crianza

Se darán ayudas económicas considerables por nacimiento y crianza a familias en las que ambos progenitores acrediten, cada uno, un mínimo de 25 años de residencia legal en España y más de diez años cotizados.

El objetivo será facilitar que estas familias puedan tener hijos y afrontar los gastos de su crianza.

Compromiso de reforma. La cuantía y duración de las ayudas están pendientes de concretar, así como la evaluación del encaje legal de los requisitos.

100 euros mensuales y descuentos de ocio para quienes no delincan

Se creará una ayuda de 100 euros brutos al mes por persona de 18 años o más residente en España, con ingresos brutos anuales inferiores a 30.000 euros, que cumpla el requisito de no tener condenas penales que impidan percibirla.

Se impulsará además un programa de descuentos en actividades de ocio para quienes cumplan el requisito de no tener condenas penales que impidan acceder al beneficio. Las familias numerosas tendrán descuentos mayores cuando ninguno de sus miembros tenga condenas que los excluyan del programa.

Esta ayuda tendrá requisitos propios, como excepción al criterio general de cotización de este bloque.

Compromiso de creación de una nueva prestación. Pendientes de concretar su financiación, los descuentos y establecimientos participantes, el tratamiento de condenas anteriores y antecedentes cancelados, y las condiciones de recuperación de los beneficios.

Salto a 200 euros mensuales al alcanzar 20 años cotizados

La ayuda pasará de 100 a 200 euros brutos al mes al alcanzar al menos 20 años cotizados, para las personas de nacionalidad española con un salario bruto anual inferior a 30.000 euros.

Los 200 euros sustituirán a los 100 euros: no se sumarán ambas cantidades. La ayuda será individual, por lo que cada persona que cumpla los requisitos podrá acceder al tramo correspondiente, aunque conviva con otros beneficiarios.

Los antecedentes penales se valorarán individualmente según la gravedad del delito, la reincidencia y el tiempo transcurrido. Un delito menor del pasado no supondrá por sí solo una exclusión definitiva.

Se ofrecerán cursos estatales de reinserción y formación cívica cuya superación permitirá habilitar el acceso a esta ayuda en los casos de delitos menores del pasado que determine la regulación, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Compromiso de creación de una nueva prestación, pendiente de evaluación jurídica y presupuestaria. Se concretarán el tratamiento fiscal de la prestación, la duración, los cursos y la compatibilidad con otras ayudas. Los tramos de 100 y 200 euros son excluyentes entre sí. Este apartado establece una vía específica de acceso para los antecedentes menores que se definan.

Suspensión y retirada de prestaciones por condena

Una condena firme por un delito supondrá dejar de cobrar esta prestación, tanto en su tramo de 100 como de 200 euros mensuales, durante un mínimo de un año, sin perjuicio de la vía específica de acceso por cursos para delitos menores del pasado. La suspensión podrá ser mayor según la gravedad del delito, con plazos que se establecerán en la reforma.

Se impulsará también la retirada de ayudas públicas y prestaciones por desempleo a quienes sean condenados por hurtos o robos de pequeña cuantía. La reforma deberá concretar su alcance, duración y condiciones de aplicación.

Se concretarán los plazos, los delitos incluidos y las condiciones para recuperar cada prestación. La retirada de ayudas y desempleo se plantea como reforma, no como efecto automático de la legislación vigente.

IRPF por tramos y ejemplos de salario neto

Se impulsará una reforma del IRPF sobre salarios brutos anuales: los primeros 20.000 euros quedarán exentos. Cada porcentaje se aplicará únicamente a la parte del salario de su tramo, de modo que superar un umbral no cambie el tipo aplicado al salario completo.

• Hasta 20.000 euros: 0 %.
• Entre 20.000 y 30.000 euros: el tipo marginal aumentará de forma lineal del 0 % al 10 %.
• Entre 30.000 y 40.000 euros: 10 %.
• Entre 40.000 y 60.000 euros: 15 %.
• Entre 60.000 y 100.000 euros: 30 %.
• Sobre la parte que supere 100.000 euros: 45 %.

La siguiente simulación combina este IRPF propuesto con la cotización del trabajador a la Seguridad Social de 2026. Supone un contrato indefinido en el Régimen General, salario uniforme, doce pagas, sin horas extraordinarias ni cotizaciones especiales y una base mínima de cotización que no supere el salario del ejemplo.

Se aplica el 6,50 % de cotización ordinaria del trabajador hasta la base máxima de 5.101,20 euros mensuales y la cuota adicional de solidaridad que corresponda por encima. El IRPF de la simulación se calcula sobre el bruto conforme a esta propuesta, sin descontar previamente la cotización ni aplicar mínimos o deducciones personales. Las cifras no representan la fiscalidad vigente ni incluyen las ayudas de 100 o 200 euros. Pueden existir diferencias de céntimos por redondeo de nóminas.

Fuente de las cotizaciones: Orden PJC/297/2026. Pendiente de concretar la regulación fiscal completa y su financiación.

Firmeza contra la explotación laboral y reconocimiento a quien contribuye

Ningún empresario debe explotar a sus trabajadores. Se investigará y sancionará el engaño deliberado, el impago y el pago de salarios inferiores a los que correspondan por ley, convenio o contrato.

Se impulsará un endurecimiento de las sanciones y, cuando exista delito, de las penas. La reforma contemplará el cierre de la empresa en los casos graves que se definan, mediante resolución de la autoridad competente. Se exigirá el abono de las cantidades adeudadas a los trabajadores.

Se establecerán bonificaciones anuales para las empresas que más contribuyan a la Hacienda Pública, condicionadas al cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales. Los umbrales, importes y criterios de acceso se concretarán en la reforma.

Compromiso de reforma laboral, sancionadora y fiscal, pendiente de evaluación jurídica y presupuestaria.

Justicia para trabajadores y empresarios

También se investigará y sancionará a los empleados que cometan fraude deliberado contra su empresa. Cuando los hechos constituyan delito, se exigirán las responsabilidades penales correspondientes.

Cada caso se resolverá mediante pruebas y una investigación individual. Reclamar derechos laborales, denunciar irregularidades o mantener una discrepancia con la empresa no se considerará por sí mismo un fraude.

El objetivo será proteger a ambas partes frente al engaño y el abuso, y exigir a cada una que cumpla sus obligaciones.

Compromiso de protección frente al fraude y de aplicación de criterios justos para ambas partes.

Empleo, formación e inserción laboral

Quien pueda trabajar debe buscar empleo y contribuir. Se impulsarán medidas de búsqueda activa de empleo, formación e inserción laboral para los beneficiarios en condiciones de trabajar, teniendo en cuenta las situaciones acreditadas de discapacidad, enfermedad o responsabilidades de cuidados.

Religión y uso de la vía pública

Se impulsará una reforma para impedir la ocupación de la vía pública para rezos colectivos, aplicable por igual a todas las religiones. El objetivo será que estas actividades se desarrollen en los lugares de culto y espacios privados.

Se impulsará también una regulación que prohíba en la vía pública las prendas que oculten el rostro y que limite las prendas que cubran el cabello a gorras y sombreros que dejen la cara visible. La restricción incluirá el burka y los pañuelos que cubran la cabeza, y se planteará con independencia de la religión de quien los lleve.

El espacio público debe ser un lugar de convivencia y respeto mutuo, con normas comunes para todos. Estas restricciones de vestimenta no se extenderán al ámbito privado.

Objetivo de reforma sujeto a examen de su encaje constitucional, especialmente en materia de igualdad, libertad religiosa y derecho de reunión. La restricción del cabello cubierto es distinta de la identificación facial. No describe prohibiciones actualmente vigentes.

Reconocimiento de España como Estado cristiano

Se impulsará una reforma constitucional para que España pase de su actual carácter aconfesional a reconocerse como un Estado cristiano.

Esta propuesta se fundamenta en el arraigo histórico y cultural del cristianismo en España y busca darle reconocimiento expreso en la definición del Estado.

Compromiso de reforma constitucional. Requiere modificar el artículo 16.3 por el procedimiento del artículo 168 de la Constitución; no puede aprobarse mediante una ley ordinaria.

Autonomía de las confesiones en sus ceremonias

Se respetará la autonomía de cada confesión para definir sus ceremonias matrimoniales conforme a sus creencias y dentro del marco legal. El reconocimiento civil de una pareja no supondrá imponer a una confesión la celebración de una boda religiosa.

Se mantendrá el reconocimiento civil de las parejas y familias, sin excluirlas por la orientación sexual de sus integrantes.

Compromiso de respeto a la autonomía religiosa y al reconocimiento civil de las familias.

Libertad para amar y respeto para todos

Cada persona tiene derecho a amar y a vivir libremente sus relaciones consentidas, sin sufrir agresiones, amenazas, acoso ni discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

Se protegerá a las víctimas y se perseguirán las conductas delictivas que atenten contra esa libertad. Nadie debe ser hostigado o humillado por quién es o por a quién ama.

Se impulsará la sustitución de la celebración institucional del Orgullo por una Fiesta del Derecho al Amor, abierta a toda la ciudadanía y dedicada al respeto y la libertad de amar, con independencia de la orientación sexual.

Este cambio se referirá a la celebración organizada por las instituciones. Se mantendrá el derecho de las personas y asociaciones a organizar sus propias celebraciones del Orgullo y manifestaciones.

Compromiso de protección frente a la violencia y la discriminación y de cambio en la celebración institucional, dentro de las competencias de cada administración.

Revisión de la cobertura sanitaria pública de extranjeros que no cotizan

Se presentará una proposición de ley para modificar los requisitos de acceso a la sanidad pública y limitar a la atención de urgencias la cobertura con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que no cotizan en España, fuera de las excepciones que deban establecerse. Este criterio no se extenderá a los extranjeros que sí cotizan.

Objetivo de reforma sujeto a evaluación jurídica. Deben concretarse el tratamiento de menores, embarazo y parto, pensionistas, desempleados con cotizaciones previas, personas dependientes, salud pública y cobertura reconocida por convenios o normas europeas. No cotizar actualmente no equivale a no pagar impuestos ni a carecer hoy de derecho a asistencia sanitaria.

Financiación de tratamientos con justificación médica

La financiación pública de tratamientos hormonales y operaciones relacionados con la transición de género no será automática ni se concederá solo por solicitarlos. Se exigirá una valoración médica individual y una necesidad clínica justificada.

Se revisarán los criterios de financiación teniendo en cuenta la evidencia científica, la seguridad, la eficacia y el coste. Cada persona deberá recibir información clara sobre los beneficios, riesgos y alternativas y prestar su consentimiento informado conforme a las normas aplicables.

La identidad de género no será por sí sola motivo para excluir a una persona de la atención sanitaria. Las decisiones de financiación se basarán en criterios médicos y transparentes.

Compromiso de revisión de los criterios de financiación sanitaria. No supone afirmar que actualmente estos tratamientos se financien sin valoración médica.

Permiso de padres o tutores para cambiar el sexo en los documentos antes de los 18 años

Se cambiará la ley para que quienes tengan 16 o 17 años necesiten el permiso de sus padres o tutores legales para cambiar el sexo que aparece en el Registro Civil y en sus documentos oficiales, como el DNI. No podrán hacer este trámite por su cuenta.

Si hay desacuerdo con los padres o tutores, o una situación de desprotección, un juez podrá decidir después de escuchar al menor y valorar su situación.

Este punto trata únicamente del cambio en los documentos. No trata de operaciones ni de tratamientos médicos.

Propuesta de cambio de la Ley 4/2023, pendiente de revisión jurídica.

Asignatura obligatoria en 3.º y 4.º de la ESO

Se implantará una asignatura obligatoria de Seguridad Vial en 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

La formación incluirá normas de circulación, señales, prevención de accidentes y convivencia entre peatones, ciclistas y conductores, con especial atención a la responsabilidad al volante.

Formación teórica en la ESO y examen de conducción únicamente práctico

Se eliminará la parte teórica en las autoescuelas y el examen teórico de Tráfico. La formación teórica se trasladará a la enseñanza obligatoria y Tráfico examinará únicamente de la parte práctica.

Las autoescuelas centrarán la preparación para obtener los permisos en la conducción práctica.

4.º de la ESO aprobado para obtener cualquier permiso de conducir

Será obligatorio tener aprobado 4.º de la ESO para poder obtener cualquier permiso o licencia de conducción.

Propuesta de reforma educativa y de los requisitos para obtener permisos de conducción; no describe la normativa vigente. Pendientes de concretar la implantación, la transición para quienes ya hayan terminado sus estudios, las equivalencias académicas y la formación específica de cada clase de permiso, así como su encaje jurídico.